Falta de presupuesto, desinterés político y una débil institucionalidad podrían explicar la grave deuda en alerta preventiva de eventos meteorológicos.
Mientras países vecinos como Argentina y Brasil cuentan con redes avanzadas de radares meteorológicos capaces de anticipar tormentas severas, tornados y lluvias intensas, Chile continúa operando sin un solo radar Doppler en funcionamiento. En medio del aumento de fenómenos climáticos extremos y con eventos destructivos recientes como las ráfagas de más de 170 km/h en Puerto Varas, expertos y científicos advierten que la ausencia de esta tecnología compromete seriamente la capacidad del país para emitir alertas tempranas efectivas.
Chile sin radares en plena crisis climática
Actualmente, Chile no tiene radares meteorológicos operativos de cobertura nacional según lo confirma la Dirección Meteorológica de Chile, organismo que depende de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que ha reconocido públicamente que el país carece de estos sistemas pese a contar con planes para su implementación. Esto sitúa a Chile como uno de los pocos países en Sudamérica, junto a Bolivia, que aún no dispone de esta tecnología clave para la vigilancia atmosférica.
Realidad regional. Países como Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia disponen de redes completas de radares Doppler, conectadas en tiempo real a sus sistemas nacionales de alerta. Esta tecnología permite detectar la formación de tormentas severas, trombas marinas, tornados y frentes de lluvia con alta resolución y con hasta 30 minutos de anticipación, brindando información precisa sobre su trayectoria, intensidad y velocidad.
Razones. No ha sido una prioridad estatal. Según el investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), Raúl Valenzuela, el país tiene el conocimiento técnico y los diagnósticos hechos, pero no se han asignado los recursos necesarios. A esto se suma un problema estructural, la meteorología en Chile depende de la DGAC, bajo el Ministerio de Defensa. Esta estructura ha sido cuestionada por expertos, ya que limita la flexibilidad presupuestaria y la coordinación con organismos civiles como Senapred.
Costo. Se estima que cada radar Doppler cuesta 2 millones de dólares, a lo que se deben sumar gastos de infraestructura, mantenimiento y operación. La red propuesta por la DMC contempla al menos seis radares entre Valparaíso y Los Lagos, donde se concentran los eventos meteorológicos más extremos.
Urgencia. Tras tornados en Los Ángeles y Talcahuano en 2019, o las trombas marinas en el sur en 2023 y 2024 quedó en evidencia la necesidad. Según estudios del centro CR2, estos fenómenos, considerados antes “extraños” en Chile, están aumentando en frecuencia e intensidad, producto del calentamiento global y la intensificación de sistemas frontales. Solo en 2024, al menos cinco eventos de vientos extremos superaron los 120 km/h en regiones del sur.
Consecuencias. Impide realizar nowcasting, reduciendo la capacidad de emitir alertas con 20 a 30 minutos de anticipación, como sí ocurre en países con radares Doppler. Actualmente, las advertencias se basan en estimaciones satelitales y estaciones de superficie, que solo permiten reaccionar con 5 a 10 minutos de margen. Esto limita la respuesta de emergencia, aumenta el riesgo de daños y expone a la población a eventos cada vez más intensos sin una herramienta de alerta eficiente.
¿Y ahora qué?
El consenso científico parece estar claro, Chile necesita con urgencia una red de radares meteorológicos. La Dirección Meteorológica cuenta con los estudios, la comunidad científica ha aportado conocimiento y propuestas, y los eventos climáticos extremos han expuesto las consecuencias de no actuar. Según Michel De L’ Herbe, experto en gestión de emergencias, los tornados y este tipo de emergencias no son hechos aislados y la población debe estar lista para convivir con esto.
Sin embargo, el experto asegura que la falta de acción política y presupuestaria mantiene al país sin herramientas básicas para proteger a su población ante un clima cada vez más inestable. Todo esto en año electoral y en víspera de nuevas autoridades o la continuación de políticas públicas caducas.
