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domingo, enero 25, 2026

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Muerte por ICE desata crisis política y militar en Minnesota

La muerte de un civil en Minneapolis activa a la Guardia Nacional y eleva la tensión federal

La muerte por ICE de un ciudadano estadounidense en Minneapolis, ocurrida el sábado 24 de enero de 2026, encendió una alarma política, social y de seguridad en el corazón de Minnesota. El hecho ocurrió durante una redada migratoria de gran escala ordenada por el Gobierno federal, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dispararon contra un hombre de 37 años en plena vía pública. La secuencia fue registrada en video y rápidamente se viralizó, generando protestas, tensión comunitaria y una respuesta institucional inédita.

El gobernador demócrata Tim Walz confirmó horas después la movilización de la Guardia Nacional de Minnesota, en un intento por contener el creciente conflicto entre la población local, las fuerzas federales y la policía estatal. La escena, que recuerda episodios traumáticos recientes en la historia de la ciudad, volvió a situar a Minneapolis como símbolo de una crisis que ya no es solo migratoria, sino también institucional.

El fallecido era un ciudadano estadounidense, residente de la ciudad, sin antecedentes relevantes y con permiso legal para portar armas, según informaron autoridades locales. Sin embargo, su condición legal no evitó que terminara muerto tras un forcejeo con más de media docena de agentes federales, quienes finalmente le dispararon luego de reducirlo en el suelo. El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que el hombre portaba un arma semiautomática y cargadores, argumento que hoy está bajo escrutinio público.

Muerte por ICE y la respuesta armada del Estado

La decisión de desplegar tropas estatales marcó un punto de quiebre. Según explicó el general Shawn Manke, jefe de la Guardia Nacional de Minnesota, las unidades llevaban más de una semana en estado de alerta, anticipando escenarios de alta conflictividad. La primera misión asignada fue resguardar el edificio federal Whipple, sede de operaciones de los agentes migratorios enviados a la ciudad.

La presencia militar no fue inmediata en las calles, pero el anuncio bastó para elevar la percepción de gravedad. En Minneapolis, ciudad que aún carga con el peso simbólico del asesinato de George Floyd, la sola idea de tropas armadas volvió a despertar recuerdos incómodos. Esta vez, sin embargo, el detonante no fue un control policial local, sino una operación federal de inmigración ejecutada con fuerza letal.

La muerte por ICE no fue un hecho aislado. Apenas dos semanas antes, el 7 de enero, otra persona —Renee Good, también de 37 años— murió a tiros durante un operativo similar. Ese antecedente cambió el tono de la discusión. Lo que inicialmente parecía un incidente puntual pasó a interpretarse como un patrón preocupante, alimentando la indignación ciudadana y el cuestionamiento político transversal.

Las manifestaciones no tardaron. Cerca de un centenar de personas se congregaron en distintos puntos de la ciudad, enfrentándose verbalmente con la policía y exigiendo el fin inmediato de las redadas. La consigna fue clara: Minneapolis no aceptaría convertirse en un laboratorio de políticas migratorias ejecutadas con violencia.

Muerte por ICE bajo la lupa del poder político

El gobernador Walz fue enfático al pedir al Gobierno federal que suspenda las operaciones del ICE en la ciudad. En declaraciones públicas, sostuvo que la reiteración de muertes en tan corto plazo hacía insostenible la continuidad de los operativos. “No se puede normalizar que civiles mueran en procedimientos administrativos”, fue una de las frases más replicadas en medios estadounidenses.

Walz, quien fue candidato a vicepresidente en la fallida campaña de Kamala Harris, elevó el tono frente a la Casa Blanca. La administración del presidente Donald Trump, por su parte, defendió las redadas como parte de una estrategia nacional contra el fraude y la inmigración irregular, particularmente en comunidades bajo sospecha de malversación de fondos federales.

El trasfondo político no es menor. Las redadas masivas en Minneapolis comenzaron a inicios de enero, luego de que un documental difundido por un youtuber conservador pusiera el foco en presuntas irregularidades en guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí. Desde entonces, el número de agentes federales desplegados en la ciudad quintuplicó la dotación de la policía local.

Este desequilibrio operacional generó fricciones desde el primer día. Autoridades municipales denunciaron falta de coordinación, opacidad en los procedimientos y una lógica de ocupación que tensionó barrios completos. La muerte por ICE terminó de romper el frágil equilibrio entre cooperación institucional y confrontación política.

Muerte por ICE y un conflicto que escala

Más allá del caso puntual, la muerte por ICE abrió un debate de fondo sobre el uso de la fuerza en políticas migratorias dentro del propio territorio estadounidense. El hecho de que la víctima fuera un ciudadano norteamericano desarmó uno de los principales argumentos defensivos del Gobierno federal y amplificó el rechazo social.

Las imágenes del operativo muestran a agentes forcejeando, reduciendo al hombre y disparando en cuestión de segundos. Para muchos, la escena evidenció una doctrina de intervención que privilegia la coerción por sobre la evaluación contextual. Para otros, expuso una peligrosa normalización de la violencia estatal en procedimientos administrativos.

Mientras tanto, Minneapolis se mantiene en estado de tensión contenida. La Guardia Nacional continúa en alerta, los edificios federales reforzaron su seguridad y las organizaciones civiles anunciaron nuevas movilizaciones. El alcalde de la ciudad llamó a la calma, pero reconoció que la confianza entre la comunidad y las fuerzas del orden atraviesa su punto más bajo en años.

La muerte por ICE ya no es solo un titular. Es un síntoma de una crisis mayor, donde migración, seguridad, política y derechos civiles colisionan en un escenario cada vez más volátil. Y aunque las autoridades insisten en que los protocolos se ajustaron a la normativa, la pregunta persiste: ¿cuántas muertes más se necesitan para revisar el rumbo?

En un país profundamente polarizado, Minneapolis vuelve a ser el espejo incómodo de Estados Unidos. Un lugar donde las decisiones federales se sienten en la calle, donde los errores se pagan con vidas y donde la institucionalidad se pone a prueba frente a la mirada del mundo.

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